jueves, 17 de julio de 2014

Cohecho y moches


El Código Penal para el Estado de Querétaro en su título relacionado a los delitos contra el servicio público cometidos por particulares, establece en el artículo 273 que “Al particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público o se preste para que él mismo o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá prisión de 3 meses a 4 años y de 10 a 100 días multa”. Asimismo, en el artículo 274 se implanta que “Al particular que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones, se le aplicarán de 6 meses a 6 años de prisión y de 20 a 240 días multa.” 

Desde hace un año hemos escuchado o leído sobre los supuestos “moches”. Se ha pretendido relacionar a distintos funcionaros públicos y legisladores – curiosamente de un solo partido político- en presumidos condicionamientos de asignación de obras a cambio de dinero, de “moches”. Hemos referido en anteriores colaboraciones que a pesar del interés y cobertura mediática sobre estas conductas, no media ninguna denuncia formal sobre “las mochadas”. Hasta hoy, no existe resolución judicial que acredite que determinado funcionario, legislador, constructor, empresario o particular cometió delito conexo a esta probable práctica. Ante estos hechos es también oportuno y justo reflexionar que no existen cuestionamientos públicos contra quienes en algún momento han acusado o señalado – por la vía mediática y no legal- a algún funcionario por este delito. Más allá de no contar o presentar las pruebas suficientes para sostener sus acusaciones - que revisten un mayor interés político, que legal y social- no han caído en cuenta que sus propias afirmaciones, en caso de ser verdaderas, conllevan la actualización de los delitos de promoción de conductas ilícitas y cohecho cometido por particulares contempladas en el Código Penal para el Estado de Querétaro. Es decir, quienes han difamado a legisladores y funcionarios por el tema de los “moches” serían los primeros sujetos a ser investigados por las Procuradurías de Justicia ya que, en el caso de comprobarse su dicho y su delito, pudiéramos estar entonces realmente frente a la infracción cometida por el funcionario público. En otras palabras, tan la mayoría de las acusaciones sobre “moches” son falsas, que quienes las acusan o presentan no están sujetos a procedimiento penal alguno. Resulta irónico o simplemente paradójico, que un particular culpe a un funcionario de recibir un “moche” que él le dio. En ambos casos las dos conductas serían delictivas. Para probar que el funcionario recibió el moche, habría que actualizar también el delito cometido por el particular. Si ni lo uno, ni lo otro ocurre, estamos frente a una ficción que persigue tan solo un interés electoral.

Difícilmente podemos evitar que la corrupción se dé, lo que si podemos evitar es que la impunidad persista. Estamos obligados a llamar a cuentas a todos por igual, al funcionario que recibe el moche y al particular que se mocha. Solo actuando objetivamente, sin parcialidades, con seriedad, sin intereses políticos, con pruebas, podremos verificar los hechos y juzgarlos. Lo contrario es especulación política y difamación pura.



¿Qué se informa en la Capital?

Este domingo el Alcalde de Querétaro, Roberto Loyola, rindió su segundo informe al frente de la administración municipal. Un informe modesto, discreto, afectado por las consecuencias de las lluvias. Un informe diseñado para cuidar la imagen del gobernante, evitando exponer al Presidente Municipal ante los hechos que hablan más que las supuestas 1,000 obras. Un discurso donde se informaron obras que no han sido ejecutadas, es más, que ni siquiera están en proceso porque simplemente no se han construido y ya fueron informadas como es el caso del mercado de las flores por mencionar un solo ejemplo.

La propaganda del gobierno ha sembrado la desconfianza en miles de ciudadanos que se preguntan cuáles y donde están las tan anunciadas obras. En los días recientes ha quedado en evidencia la falta de obras y acciones para atender la red pluvial y los drenes, paradójicamente de las 1,000 obras anunciadas, solo diez están relacionadas con este tema.

A dos años, la inseguridad se reciente aún más. El robo a casa habitación y el robo a vehículos está en franco crecimiento y la autoridad se encuentra replegada; nuevamente la paradoja se presenta: de las 1,000 obras pregonadas solo 8 tienen que ver con materia de seguridad.

Los retos son muchos y los pendientes más. Las administraciones panistas dejaron un municipio reconocido en todas las materias, un municipio con logros que hoy empiezan a desvanecerse. Durante los posicionamientos de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, el regidor del PRI refirió que la actual administración ha invertido 110 millones de pesos aproximadamente en infraestructura y mantenimiento de la red pluvial, el contraste es contundente, en solo dos años de la administración panista encabezada por Armando Rivera se invirtieron más de 420 millones, tres veces más que en la actual administración.

Acción Nacional ha actuado desde el Cabildo con toda la responsabilidad. Nuestros regidores han respaldado y apoyado las decisiones y planes del gobierno municipal emanando del PRI. No hay pretextos, el PRI lleva gobernando la entidad cinco años y la capital dos. Será a ellos a quienes los ciudadanos exigiremos resultados.    

Resta un año a la presente gestión municipal; el Alcalde debe asumir el compromiso ciudadano para cumplir con su encargo y afrontar los pendientes que le permanecen y que cada vez son más.  




miércoles, 25 de junio de 2014

Etapa previa

        
Nos encontramos a menos de cuatro meses de que se declaren formalmente iniciados los procesos comiciales – federal y local- por parte de la nueva autoridad electoral. Estamos a unas horas de que la Legislatura Local reforme integralmente la constitución y las leyes particulares en materia electoral. En Acción Nacional, estamos a pocas semanas de definir los distritos que serán de género y a cinco meses de que informemos al Instituto Nacional Electoral los métodos que habremos de utilizar para seleccionar a nuestros candidatos. A unos cuantos meses de consultar a los militantes y a los ciudadanos sobre nuestros potenciales candidatos.

Los partidos estamos ya en la etapa previa. Estamos en los preparativos de las elecciones del próximo año. Algunos recurriendo al gobernador porque carecen de otros liderazgos que mostrar, otros trabajando en la calle, con organizaciones sociales, con su partido. Unos ensoberbecidos  por los encabezados, otros trabajando sin prisas, pero sin pausas.

No olvidemos que las elecciones son lecciones. La elección del 2015 será muy competitiva y los ciudadanos pedirán cuentas al actual gobierno, analizar los logros alcanzados, la actitud de los partidos políticos, el perfil de los candidatos.

La cuenta regresiva ha iniciado, estamos a un año de la elección, de una nueva oportunidad para volver a empezar.

    

Libertad en el debate


El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. En el marco del día de la libertad de expresión  - que celebramos este pasado 7 de junio- cabe la reflexión sobre los alcances y límites que encierra la libertad de opinar y expresarse en el marco del debate público de las ideas. Es común escuchar en voz de los políticos, gobernantes, medios de comunicación y actores sociales expresiones que no siempre conllevan un aspecto objetivo o un sustento verificable, pero que son parte del ejercicio del derecho a expresarse y a opinar. Expresiones que muchas veces califican o concluyen hechos que no necesariamente les constan o son atribuibles a su conocimiento.

A propósito en el año 2009 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia titulada “Libertad de expresión e información. Su maximización en el contexto del debate público” misma que pretende definir y clarificar los propios criterios desprendibles de este derecho y para lo cual estableció que el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.


Es decir, la libertad de expresión se amplía en tanto el objeto del intercambio de ideas sea de interés colectivo. Sin embargo, el máximo tribunal electoral delimita y protege el ámbito inherente a la persona y su privacidad. La libertad de expresión requiere voceros responsables. La libertad de expresión es una conquista que debe servir para fines auténticos y buenos, no para descalificar sin el apoyo de la razón y la verdad.